Los grupos de la CEAN y otras organizaciones lanzan una Iniciativa Legislativa Popular para llevar a las Cortes una proposición de ley con el objetivo de conseguir el cierre de las centrales nucleares. Era necesario recoger 500.000 firmas en seis meses para someter el texto de ley a las Cortes, pero a los 6 meses solamente se habían recogido 460.000 firmas y la Junta Electoral Central denegó la ampliación de plazo por tres meses prevista en la ley. Era evidente que el gobierno había hecho todo lo posible por evitar el buen fin de la ILP.